Subidos a lomos de ómicron, cabalgando sobre la sexta ola, sorprende ver que el hospital-centrismo sigue condicionando la información y las decisiones en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). Pasados dos años desde la aparición del primer caso mundial de infección humana por SARS-Cov-2, siguen pendientes la mayoría de las cuestiones que se pusieron de manifiesto desde las primeras semanas de la pandemia.
La ausencia de un sistema de información integrado sobre un registro único nacional sigue dificultando el conocimiento que a estas alturas deberíamos disponer sobre el comportamiento del virus, según tipologías de pacientes, enfermedades coexistentes, respuesta a tratamientos, etc., a pesar de que son ya más de cinco millones setecientos mil las personas afectadas y más de ochenta y nueve mil personas fallecidas, según los registros publicados por el Ministerio de Sanidad.
La gobernanza de la crisis sigue siendo un escenario a veces ininteligible, desde la óptica del ciudadano de a pie, con múltiples respuestas a problemas comunes y contradicciones evidentes; resulta difícil explicar, por un lado, que seguirá existiendo riesgo mientras no se vacune a la población de los países con menores niveles de desarrollo o, en los países desarrollados, no se alcancen cotas de vacunación superiores, mientras que, por otro lado, somos incapaces como país, de articular una respuesta ordenada a la pandemia.
La crisis llegó cuando el Sistema Nacional de Salud empezaba a dar signos evidentes de agotamiento y, de forma especial, la ausencia de profesionales en medicina de familia y en enfermería empezaba a limitar la capacidad asistencial del propio sistema. El impacto de la crisis pandémica está teniendo un efecto de alto impacto en dos aspectos. Por un lado, en el constante crecimiento de los tiempos de espera para que sean atendidas, diagnosticadas y tratadas decenas de miles de personas con problemas de salud. Por el otro, el intenso deterioro de la red de Atención Primaria, que ha de hacer frente a un enorme volumen de trabajo con una dotación menguante de profesionales.
Presión asistencial en los centros de salud
Pese a los discursos oficiales sobre la importancia de la Atención Primaria y la aparición de varios documentos en los que se definen líneas y objetivos a plantear en los próximos años, la sexta ola de pandemia muestra, como en ningún otro momento desde el inicio de la crisis, la importancia real de la Atención Primaria, que es más bien poca.
Si acudimos a la información oficial disponible en la página web del Ministerio de Sanidad, nos encontramos indicadores sobre los casos diarios, la incidencia acumulada, los fallecimientos, los ingresos hospitalarios, la ocupación de las UCI y las altas de hospitalización.
No aparece ni un solo dato referido al número de pacientes que son seguidos directamente por los centros de salud, cuántos por cada cupo, cuántos por mil habitantes, cuántos se atienden en los Puntos de Atención Continuada, cuántos contactos estrechos se controlan o cuántas peticiones de PCR se han realizado en cada centro de atención primaria.
Sin embargo, siendo la sexta ola, al menos hasta ahora, un episodio epidémico con menos ingresos hospitalarios y un elevado ritmo de crecimiento de la incidencia, es evidente que la carga asistencial se está soportando fundamentalmente sobre la red de Atención Primaria. La ausencia de información sobre la presión asistencial en los centros de salud y consultorios deja como único eje de información oficial la estadística hospitalaria, generando una imagen distorsionada del impacto de la infección en la población y, sobre todo, sobre la presión asistencial en el sistema sanitario.
Un largo trecho por recorrer
Las imágenes de saturación a la entrada de los centros de salud, las múltiples quejas de los usuarios y las demandas de apoyo por parte de los profesionales no parecen tener eco en la alta dirección del SNS ni en la dirección de los Servicios de Salud de las comunidades autónomas, responsables de la gestión de la atención sanitaria.
Nadie parece hacerse eco de esta situación que ha llegado a unos centros de salud con menos profesionales, con las mismas líneas de servicio telefónico diseñadas para un escenario de normalidad y con infraestructuras que, en la mayoría de los casos, no permiten sectorizar los centros para disponer de un doble circuito, pacientes con procesos respiratorios y pacientes con otros procesos.
Algunas de las propuestas recogidas en los documentos aprobados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en los dos últimos años son coherentes y podrán mejorar la Atención Primaria, pero para llegar a eso, es necesario dar respuestas en este momento en cada territorio para impedir que el creciente deterioro se convierta en el punto final de la credibilidad y confianza de la población en los profesionales de su centro de salud y, por extensión, en el Sistema Nacional de Salud.
En este sentido, las últimas medidas de autorización para la contratación de personal ya jubilado o personal con títulos obtenidos en otros países, son propuestas de muy reducido alcance, como todo el sector sanitario conoce. Sin embargo, no se abordan respuestas para la cobertura de las plazas vacantes, aunque se mantiene un alto número de profesionales en el limbo de la categoría de médicos y enfermeras de apoyo que serían más útiles adscritos a los cupos poblacionales, ni se reflexiona sobre la organización de la Atención Continuada o la reorganización de horarios de funcionamiento de los centros. Una vez más, de la predicación a la recogida del trigo, hay un largo trecho por recorrer.
