Julio Sánchez Fierro
El abogado Julio Sánchez Fierro, experto en Derecho Sanitario.

JULIO SÁNCHEZ FIERRO
Abogado. Presidente del Consejo Asesor de Pacientes (CAP). Vocal de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS). Ex subsecretario de Sanidad y Consumo. Ex presidente de la Agencia Española del Medicamento

Gracias a la innovación que incorpora nuevos fármacos y tecnologías sanitarias disruptivas, los pacientes ven con esperanza que están en alza las posibilidades de recuperar su salud y de mejorar su calidad de vida. Con ellos, se están obteniendo resultados hasta hace poco tiempo inimaginables.

Pero la innovación también comporta retos complejos para los responsables de los sistemas sanitarios, que se ven obligados a reorientar los modelos clásicos de gestión asistencial.

Acceso de los pacientes a la innovación
“Los responsables públicos habrían de intentar encontrar un equilibrio razonable entre las consideraciones sanitarias y los argumentos económicos”, afirma Julio Sánchez Fierro.

Uno de esos retos es hacer compatibles los mejores resultados en salud que aporta la innovación con sus costes y su financiación.

Es cierto que los costes directos del acceso a la innovación pueden ser inicialmente elevados, dado que los procesos de investigación y de desarrollo requieren fuertes inversiones en tiempo y dinero, cuya recuperación es un tanto arriesgada.

Pero esos costes no habría que valorarlos de modo aislado (precio), sino poniéndolos en relación con los resultados, con la duración de los procesos asistenciales, con los reingresos hospitalarios, con el gasto para la Seguridad Social por las bajas laborales, con el esfuerzo económico y personal de los cuidadores familiares…

Equilibrio entre sanidad y economía

Son, pues, variados los factores a tener en cuenta a la hora de adoptar decisiones sobre la incorporación o no de terapias innovadoras.

Es evidente que, por razones éticas y por sentido de responsabilidad asistencial, los responsables públicos habrían de intentar encontrar un equilibrio razonable entre las consideraciones sanitarias y los argumentos económicos.

No es tarea sencilla, pero los gestores públicos no deberían mirar para otro lado. Los ciudadanos no entenderían que, como solución, alzasen barreras bloqueando a pacientes con patologías graves o mortales los avances que representan la Medicina Personalizada de Precisión, las terapias CAR-T, los anticuerpos monoclonales o el acierto que permiten las nuevas técnicas diagnósticas.

Ahora bien, para facilitar sus decisiones los responsables de la gestión sanitaria habrían de contar con un marco regulatorio que ofreciese certidumbre y seguridad.

Marco regulatorio

Una normativa que despeje dudas sobre el acceso a la innovación también daría cobertura a los derechos de los pacientes y certidumbre a los profesionales sanitarios.

A estos efectos, cabe citar los siguientes puntos críticos:

  • Medir el nivel de innovación real que comportan los nuevos productos, tecnología y servicios
  • Crear o no una Agencia evaluadora independiente de tipo NICE o mantener la actual Red de Agencias, vinculadas a las administraciones sanitarias
  • Impulsar o no nuevos sistemas para determinar precios y financiación
  • Asumir la innovación con cargo a los Presupuestos Autonómicos o implantar fondos especiales a nivel estatal
  • Reforzar la transparencia en las decisiones sobre inclusión de nuevas terapias en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud u optar por la opacidad
  • Mantener barreras administrativas autonómicas a la prescripción y al acceso a productos o tecnologías, a pesar de estar previamente incorporados a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud o eliminarlas para salvaguardar la igualdad y no discriminación de los pacientes

La senda del consenso parlamentario

Acertar en la contestación a estos dilemas y a otros conexos es cuestión crucial para el futuro de nuestra Sanidad. Las decisiones erróneas y las tardías podrían acarrear un serio deterioro para la calidad asistencial y para los derechos de los pacientes.

A mi juicio, para acertar convendría elegir la senda correcta: la senda del consenso parlamentario e institucional, de la transparencia, de la participación de los pacientes, del apoyo a los investigadores y de la colaboración público-privada.

No deberíamos dejar para mañana esta elección estratégica porque, pese a las muchas dificultades que hoy se registran, la innovación sigue y lo hace a a ritmo acelerado.

El 50% del gasto farmacéutico en biológicos alcanza ya el 25% del gasto farmacéutico total y el 50% del hospitalario. Además, tras la ola de los biológicos y de las biosimilares, ya está llegando la de los CAR-T (receptores antígenos quiméricos) con una impactante capacidad curativa de los linfomas. Y para 2020 habrá más de 900 principios activos nuevos en el marco de los biológicos.

Por tanto, la innovación sanitaria está ahí. No tendría sentido bloquear sine die el camino a la innovación. Debatir y acordar es urgente para la calidad asistencial y, sobre todo, para la atención que se merecen los pacientes.

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