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Escándalo del azúcar: la industria de EE UU utiliza una organización sin fines de lucro para atacar la salud pública

la industria utiliza una organización sin fines de lucro para atacar la salud pública

Una organización sin fines de lucro ha sido utilizada por sus patrocinadores (corporaciones de alimentos y bebidas de Estados Unidos) para impulsar posiciones favorables a la industria frente a las políticas de salud pública en relación al azúcar de las bebidas y alimentos procesados.

Un estudio publicado en Globalization and Health analiza más de 17.000 páginas de correos electrónicos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información realizadas entre los años 2015 y 2018. Los documentos capturan intercambios entre académicos de universidades de EE UU y figuras de alto nivel de una organización sin fines de lucro llamada Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI). El escándalo del azúcar salpica a algunas de las corporaciones alimenticias más importantes.

Compuesto por 18 áreas, cada una de las cuales cubre un tema específico o parte del mundo, ILSI siempre ha mantenido su posición de independencia y rigor científico, a pesar de ser financiado por corporaciones multinacionales como Nestlé, General Mills, Mars Inc, Monsanto y Coca-Cola.

Fundado por el ex vicepresidente senior de Coca-Cola, Alex Malaspina, en 1978, ILSI declara en su sitio web que ninguno de sus componentes «realiza actividades de cabildeo o hace recomendaciones de políticas». Como organización sin fines de lucro, ILSI está actualmente exenta de impuestos bajo los códigos de ingresos internos de EE UU.

Reducción del azúcar, una amenaza para la industria

Sin embargo, investigadores de la Universidad de Cambridge, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la Universidad de Bocconi y Derecho a Saber de los EE UU, encontraron correos electrónicos que discutían explícitamente las tácticas para contrarrestar las políticas de salud pública relacionadas con la reducción del azúcar, como «[textual] su amenaza para nuestro negocio es seria».

La doctora Sarah Steele, autora principal del estudio e investigadora del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge. Foto: University of Cambridge

Entre los correos examinados se encuentran intercambios con un profesor de Epidemiología en la Universidad de Washington, así como con el entonces director de prevención de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares del Centro de Control de Enfermedades de EE UU. Todos ellos con la estrategia de acercarse a la entonces Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Margaret Chan, para influir para que cambiara su posición sobre productos endulzados con azúcar.

«Se sugiere que el ILSI es poco más que un grupo pseudocientífico para algunas de las mayores corporaciones multinacionales de alimentos y bebidas del mundo», apunta la doctora Sarah Steele, autora principal del estudio que ha destapado el escándalo del azúcar e investigadora del Departamento de Política y Estudios Internacionales de Cambridge.

«Nuestros hallazgos se suman a la evidencia de que esta organización sin fines de lucro ha sido utilizada por sus patrocinadores corporativos durante años para contrarrestar las políticas de salud pública. Sostenemos que el ILSI debe ser considerado como un grupo industrial, un organismo privado. y por tanto regulado como tal, no como una corporación que actúa por el bien común», continúa la experta.

Campañas favorables a los edulcorantes artificiales

En un correo electrónico, Malaspina, presidenta de ILSI durante años, describe las nuevas directrices de EE UU que refuerzan la educación de niños y adultos sobre la limitación de la ingesta de azúcar como un «verdadero desastre». Escribe: «Tenemos que considerar cómo estar preparados para montar una defensa fuerte». Suzanne Harris, entonces directora ejecutiva de ILSI, está entre los destinatarios del correo electrónico.

James Hill, que era director del Centro de Nutrición Humana de la Universidad de Colorado, participa en otro intercambio de correos sobre la defensa de la industria y las consecuencias para la salud de sus productos. Hill aboga por una mayor financiación para ILSI de la industria para poder «tratar agresivamente este problema», en referencia al escándalo del azúcar. Escribe que, si las compañías mantienen la cabeza baja, «nuestros oponentes ganarán y todos perderemos».

Los correos electrónicos de FOI también sugieren que ILSI elabora campañas favorables a los edulcorantes artificiales. Malaspina transmite los elogios de otro ex presidente de ILSI a un ex empleado de Coca-Cola y al profesor, describiendo a ambos como «los arquitectos que planean y ejecutan los estudios que demuestran que la sacarina no es un carcinógeno», lo que da lugar a la reversión de muchas prohibiciones gubernamentales.

Presiones a la OMS

Las respuestas de FOI dan a entender que ILSI opera de manera estratégica con otras entidades financiadas por la industria, incluida IFIC, una organización sin fines de lucro de comunicación científica. «IFIC es una especie de entidad hermana de ILSI», subraya Malaspina. «ILSI genera las noticias científicas y el IFIC las comunica a los medios de comunicación y al público».

«Los correos electrónicos sugieren que tanto ILSI como IFIC actúan para contrarrestar las políticas y posiciones desfavorables, al tiempo que promueven la ciencia favorable a la industria de forma engañosa, incluso a los medios», revela Steele, quien apunta al papel crucial de IFIC en el escándalo del azúcar.

«Nuestros hallazgos se suman a la evidencia de que esta organización sin fines de lucro ha sido utilizada por sus patrocinadores corporativos durante años para contrarrestar las políticas de salud pública», advierte la investigadora

De hecho, ILSI considera la posibilidad de sancionar a sus propias subsidiarias regionales cuando no logran promover el mensaje acordado por la industria. La correspondencia muestra una discusión sobre la suspensión de la sucursal de ILSI en México de la organización matriz tras el debate sobre la tributación de los refrescos en una conferencia que patrocinó. México tiene una de las tasas de obesidad en adultos más altas del mundo y es uno de los pocos países que tiene en la actualidad un impuesto a las bebidas azucaradas.

Las conversaciones por correo electrónico entre Malaspina y Barbara Bowman de los CDC de Atlanta hablan sobre la necesidad de que la OMS comience a trabajar de nuevo con ILSI y tenga en cuenta los «cambios de estilo de vida», así como los alimentos azucarados para combatir la obesidad.

Otros intercambios entre Malaspina y el profesor de Washington, Adam Drewnowski, apoyan el papel del ILSI en todo esto. Drewnowski escribe a la doctora Chan que «deberíamos comenzar con algún problema en el que el ILSI y la OMS estén de acuerdo» para ayudar «a llevarlo a la mesa».

El Parlamento Europeo investiga a ILSI por el escándalo del azúcar

Según el estudio de la Universidad de Cambridge, uno de los objetivos de ILSI era difundir enfoques que no relacionasen los alimentos azucarados con la obesidad. Foto: Yanalya / Freepik

En los últimos años, parece sin embargo que el viento ya no sopla tanto en la dirección del ILSI. La OMS dio por concluidas sus «relaciones especiales» con el Instituto en 2017, y sus vínculos con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria fueron objeto de investigación en el Parlamento Europeo. Bowman se retiró de los CDC en 2016, a raíz de las revelaciones sobre sus estrechos vínculos con ILSI. El año pasado, Mars Inc., financiador de ILSI durante años, dejó de apoyar a la organización tras el escándalo del azúcar. Gran parte de la correspondencia del estudio precede a estos hechos.

«De los correos electrónicos y reenvíos se pone de manifiesto que se considera a ILSI como fundamental para impulsar el contenido de la industria a las organizaciones internacionales, con el objetivo de apoyar enfoques que no relacionen los alimentos azucarados con la obesidad», explica la doctora Steele.

«Nuestro análisis de ILSI sirve como advertencia para aquellos involucrados en la gobernanza de salud pública para que desconfíen de los grupos de investigación supuestamente independientes. Y para que practiquen la diligencia debida antes de confiar en sus estudios financiados», concluye la investigadora.

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